Por Leoncio González

Ilustración por David Ferrer

La titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel, no esperaba que le preguntara por cuáles eran sus intereses en el futuro cuando era una niña. Y mientras sonreía para darme la respuesta la pasión se hizo evidentemente visible en su mirada. Habla de los jóvenes en procesos judiciales y en desamparo como cualquier maestro puede hablar de sus estudiantes, haciendo suyos sus problemas y las soluciones a estos.

Cuando usted era adolescente, ¿alguna vez pensó que sería jueza de menores?

Pues sí, pensaba que sería juez o fiscal de menores. Siempre tuve una inclinación por esta materia, por el mundo de los jóvenes. Posteriormente, cuando accedí a la carrera judicial tuve que pasar por otras instancias: instrucción, juzgados de guardia, primera instancia, vigilancia penitenciaria –o sea, lo que conocemos comúnmente como juez de prisiones–, y con el tiempo llegué a la especialidad de menores en 2013.

¿Y lo que se encontró era lo que usted imaginaba?

Antes de estudiar la carrera yo ya tenía una visión muy sesgada. Desde que era muy joven me interesó mucho el mundo del menor y lo relacionado con él, pero no es hasta que te metes en la realidad cuando te das cuenta de todo lo que se mueve en torno a ellos. No me he llevado ninguna decepción, sino todo lo contrario, hay tantísimo por hacer que creo que este es un trabajo creativo. Algunos pudieran pensar: “¿Un juez creativo?, pero si solo tienen que impartir la ley, poner sentencias y condenar, y todo eso está previsto en los códigos y demás…”, pero en menores es distinto. Nosotros lo que aplicamos son medidas judiciales, no penas, y esas siempre llevan un programa de intervención educativa.

¿Cuál es la diferencia?

Una medida judicial no es como una pena en adultos. En estas, el juez condena a pena de prisión o a una multa y ahí no hay más: la cumples o la cumples. Con los menores no es así: uno tiene que buscar la motivación para conseguir esos cambios necesarios que les permitan llegar lo mejor posible a la vida adulta. La medida judicial tiene otras características y se está jugando todo el rato a ver cómo podemos ajustarla. Ellos van creciendo y por tanto esas medidas hay que ir modificándolas en función de esto también.

Sí, el sistema está pensado para darles la oportunidad de corregir esas circunstancias que los han llevado a cometer esa infracción penal. Todavía son niñas y niños. Es el principio de oportunidad. En ese programa de intervención educativa el juez, junto con los equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, debe hacer un traje que se ajuste al perfil de cada joven, cada uno con sus circunstancias diferentes.

Dígame con sinceridad, ¿usted cree que el sistema funciona?

Sí, el sistema funciona. Los chicos –a pesar de que a los medios de comunicación solo trascienden noticias desafortunadas y horrorosas– que han causado problemas a la sociedad, con las herramientas existentes, son recuperables en un 80 %. Y podemos decir que estas herramientas son bastante pocas.

Un éxito, pues…

Podría mejorar incluso, porque a esto debemos añadir que la transversalidad no se da en ninguno de los sentidos. Y no es una moda, aquí se tiene que dar. Todos los que actuamos desde el juzgado de menores, comunidades autónomas y entidades colaboradoras que ejecutan las medidas judiciales tenemos que actuar en red. Si esta red no funciona seguro que los resultados no serán los que debieran ser.

¿Tiene mucho trabajo? ¿Cuál es el estado de la juventud actual en lo que se refiere a infracciones legales?

Las cifras que se manejan en toda España y en nuestra comunidad son realmente preocupantes. En Canarias son altísimas, estamos hablando de un par de miles de jóvenes en procesos judiciales y situaciones de desamparo. Y al contrario de lo que pueda parecer, los problemas no solo vienen de aquellos jóvenes que ya traen una mochila muy cargada. Ahora mismo tenemos problemas con chicos y chicas procedentes de familias normalizadas. Existe una profunda crisis en la sociedad, derivada de la fabricación de un mundo artificial, consumista al máximo y que genera auténticos tiranos, adultos frustrados del mañana.

¿A qué cree usted que se debe esto?

El problema está en la sociedad posmoderna en la que nos hemos convertido, en querer cosificar el afecto de nuestros hijos, en decir: “Sí, yo daría la vida por mi hijo”, pero cuando les preguntas a esos padres si le dedican al menos una hora al día muchos se quedan pensando si tienen esa hora para dársela. A eso añadimos el abismo generacional que sí ha venido impuesto por las tecnologías; perdemos la pista completamente de quiénes son nuestros jóvenes, qué sienten, cómo lo hacen, con quién hablan… Y con esto tenemos todos los boletos para que, como está ocurriendo, lleguen padres de familias completamente horrorizados porque se encuentran con sus hijos en Fiscalía de Menores con delitos graves y ellos ni imaginárselo.

El panorama se torna borrascoso, cuando menos…

La inquietud de un grupo de jueces de menores, entre los que me encuentro, frente a esta problemática nos ha hecho constituir una asociación que se llama “UP2U, depende de ti”, de ámbito nacional, que intenta complementar las medidas que deben poner las comunidades autónomas, porque no son suficientes, y también concienciar, para actuar todos en red, y no solo las administraciones competentes, justicia y comunidades autónomas, sino también los ciudadanos corporativos. Somos un proyecto paraguas, hemos conseguido que se acerquen a nosotros asociaciones con ideas estupendas para trabajar con los chicos.

O sea, hacer ver que no es solo un problema del juez y del menor, ¿verdad?

Los menores son una prioridad, son el futuro de la sociedad y no podemos depender solo de la Administración, sino que todos y cada uno de nosotros y las empresas deben estar aportando, a través de la responsabilidad corporativa, a la creación de herramientas para intervenir con aquellos más vulnerables.