Por David Lorenzo

A comienzos del siglo XIX en Canarias, debido a las nuevas ideas liberales que se extienden por España, desaparecen los concejo-Cabildos (que eran un órgano de gobierno del Antiguo Régimen, que gobernaba a nivel insular y que se localizaba en la capital de cada isla de realengo: Tenerife, Gran Canaria y La Palma). Esos Cabildos son sustituidos por ayuntamientos y se crean los municipios. Sin embargo un siglo más tarde estas instituciones, volvieron a resurgir, esta vez con otras funciones diferentes.

Una de las principales causas de que renazcan los Cabildos insulares era acabar con el “Problema Canario”, conocido popularmente como el “pique” o “pleito insular”. Desde que Tenerife es nombrada capital provincial (todavía no existe la Comunidad Autónoma) en Gran Canaria se crea una campaña de oposición. En un comienzo se exige que se cambie la capitalidad a Las Palmas de Gran Canaria sin éxito. Viendo que era imposible empezó a exigirse la división provincial.

Esto creó una tensión nunca antes vista entre las islas. Esta situación llevó al hartazgo de las islas no capitalinas, cansadas de un conflicto que las perjudicaba más a ellas que a Gran Canaria y Tenerife. Es por ello que varios personajes destacados de las islas periféricas van a defender la desaparición de la Diputación Provincial en favor de una institución presente en cada isla: Los Cabildos. Destacan varios intelectuales y políticos, como son Pedro Pérez Díaz (La Palma), Manuel Velázquez Cabrera (Fuerteventura) o Benito Pérez Armas (Lanzarote), entre otros muchos. Con ello se intentaba proceder a la descentralización administrativa o desprovincialización en el archipiélago. La diputación se convertía así en una institución más simbólica que con competencias.

De la ley de Cabildos destaca la rapidez con la que fue aprobada en 1912 y la nula oposición que hubo para aceptarla cuando se presentó la enmienda parlamentaria. No fue ni tan siquiera discutida ni puesta en duda su importancia y funcionalidad. De esta forma se pueden entender que los Cabildos serán el paso intermedio entre la Diputación Provincial de Tenerife y los ayuntamiento, adquiriendo estas competencias administrativas de la diputación en el ámbito insular.

Pero, a pesar de lo que se pensaba, el “problema canario” no se había solucionado. Desde Gran Canaria se va a seguir pidiendo la división provincial (a pesar de que con la ley de Cabildos las diputaciones se convertían simplemente en un órgano simbólico sin poder real, ya que las funciones eran administradas desde los cabildos insulares). Finalmente Gran Canaria logra que el Gobierno Nacional acepte la división provincial en 1927. La hasta ese momento conocida como Provincia de Canarias pasa a ser la de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

El problema Canario para Joaquín Valle va más allá de una situación de conflicto entre las dos islas capitalinas. Él lo ve como un problema global que no solo afecta en lo político (ante la lucha por el poder y dominio administrativo del archipiélago), sino que llega a afectar gravemente al aparato de la burocracia canaria. Creía que la centralización administrativa en Tenerife suponía un importante retraso burocrático, puesto que había que enviar el papeleo a la capital provincial y volver a enviarlo a la isla de origen. La división por este conflicto además ponía un problema para Canarias. La falta de unidad del territorio, el sentimiento de diversidad de intereses y la falta de unidad de la población de las islas trajo consigo una escasa identidad regional  que sirviera para exigir a nivel nacional mejorar la situación canaria.

Para saber más:

• Bermejo Gironés, Juan Ignacio Los Cabildos Insulares de Canarias. Mancomunidades Provinciales Interinsulares de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 1952
• Guimerá Peraza, Marcos El pelito insular (1808-1936). Santa Cruz de Tenerife: Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 1976