Por Jorge Gutiérrez

Ilustración por Ilustre Mario

Mucho se ha hablado en los últimos meses de nuestro REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias) y, sin duda, mucho se seguirá hablando durante los próximos años. Asuntos de muy diversa índole con incidencia directa en varios aspectos de la vida cotidiana de los canarios están contenidos en su texto. Desde el precio del agua que utilizan, el coste del pasaje del avión o del barco que sale de su isla, la factura del teléfono o lo que pagan por la electricidad, el coste de la educación que reciben sus hijos, los servicios sociales, etc.; en definitiva, el REF influye en buena medida en la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas.

Nunca unas siglas compuestas por tan solo tres letras tuvieron tanta importancia para los canarios, pero ¿realmente lo conocemos?, ¿sabemos por qué los canarios tienen derecho a ciertas prerrogativas en relación con otros territorios del espacio nacional?

Para dar respuesta a todas estas preguntas debemos remontarnos a una historia de singularidades fiscales y comerciales, que hunde sus raíces en el siglo XVI, con la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, y de aquel sistema de puertos francos surgido a mediados del siglo XIX y que se prolongaría hasta la guerra civil española de 1936.

La razón de que a Canarias se le apliquen históricamente ventajas económicas y fiscales obedece a factores geográficos, institucionales y estructurales; de ellos, los más citados son la insularidad, la lejanía, la escasez de recursos naturales, el carácter reducido y fragmentado de su mercado interior y la alta dependencia del exterior.

En la actualidad, nuestro REF es el instrumento con el que cuentan los canarios para promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y los ayuda a compensar la lejanía y la insularidad, con la finalidad de que puedan estar en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos de España y de la Unión Europea.

Para ello, el Régimen Económico y Fiscal se divide en dos grandes bloques, ambos con medidas igual de importantes y diferenciadoras de cualquier ventaja existente en otros territorios de nuestro país.

1. Por un lado, el “Régimen Económico”, destinado a compensar de forma directa la lejanía y la insularidad. Las medidas que se recogen en este ámbito son muy variadas y afectan a materias tan relevantes como el transporte, las telecomunicaciones, la energía y el agua, la promoción exterior, la creación de empleo y la formación.

1. Por otro lado, el “Régimen Fiscal”, que beneficia fundamentalmente a empresas establecidas en el Archipiélago, si bien pienso firmemente que en un futuro cercano todas estas ventajas de enorme potencia, y que actualmente solo disfrutan las compañías para rebajar su factura fiscal ante Hacienda –tales como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Zona Especial Canarias (ZEC), la deducción para atraer a las Islas producciones cinematográficas, entre otras–, deberían extenderse a la ciudadanía. La modificación del “Régimen Fiscal” comentado se hace periódicamente (cada cinco años se adapta a las necesidades existentes en el momento) y, por increíble que pueda parecer, la actual normativa reguladora del “Régimen Económico”, no ha sido modificada desde su constitución, a pesar de haber transcurrido casi 25 años desde aquella fecha.

Decía al principio del artículo que en los próximos meses se seguirá hablando y mucho del REF, puesto que, en la actualidad, nos encontramos en pleno proceso de negociación entre las diferentes fuerzas políticas del Archipiélago y las nacionales para, después de casi 25 años, aprobar un paquete de medidas económicas, que verdaderamente nos ponga a los canarios en igualdad de condiciones que los del resto de España y de la Unión Europea.

En definitiva, a estas alturas del artículo coincidirán conmigo en la importancia que esto del REF tiene en la vida de la población insular, que es mucho más que la bonificación del 50% o el 75% en los billetes de avión o barco y que, ni mucho menos, debe ser visto como algo ajeno a nuestra cotidianidad y en posesión exclusiva de estamentos políticos y entornos empresariales. Por ello, la ciudadanía tiene derecho a estar informada y exigir a todos los agentes con poder de decisión sobre este instrumento, con independencia de ideologías o intereses particulares, que en su gestión pongan toda la carne en el asador con la única finalidad de beneficiar a los habitantes de las Islas. Ya saben que, de lo contrario, siempre nos quedará aquello de seguir presumiendo del mejor clima del mundo.

* Jorge Gutiérrez, abogado y economista, es director de PwC Tax&Legal Services en Canarias